Una mujer acusada de estafar a comerciantes mediante simulaciones de pagos electrónicos ha sido sometida a detención domiciliaria, como medida cautelar mientras se lleva a cabo el juicio. La decisión fue dictada por el juez Raúl Aufranc, a pedido del fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, debido al riesgo de fuga de la imputada.

La detención se origina tras la inasistencia de la acusada a múltiples audiencias relacionadas con la investigación. Narváez argumentó que este comportamiento aumenta el riesgo de que la acusada no se presente a futuras convocatorias judiciales. Ante esta situación, el fiscal solicitó que la mujer permaneciera en su hogar durante el proceso judicial.

Llegó a la audiencia estando detenida luego de que se emitiera una orden de captura en su contra. Esta medida fue consecuencia de no haberse presentado en una convocatoria judicial previa, lo que evidenció su falta de voluntad para someterse al proceso.

En su declaración, Narváez indicó que se encuentran listos para presentar el requerimiento de apertura a juicio por dos hechos delictivos, que incluyen una maniobra fraudulentas realizadas por la imputada junto a otra persona. La fiscalía también considera la posibilidad de una salida alternativa como la que sería llegar a un acuerdo.

Los delitos atribuidos a la mujer ocurrieron en junio y julio de 2022. En esas fechas, la acusada utilizó una captura de pantalla alterada de la aplicación Mercado Pago para simular pagos que nunca se realizaron. Este tipo de estafa afectó a comerciantes que confiaron en la validez de la información presentada.

La imputación se centra en el delito de estafa genérica, en carácter de coautora, lo que agrava la situación legal de la mujer. La fiscalía está determinada a llevar el caso a juicio, con el fin de garantizar que se haga justicia en relación a los delitos cometidos.

El juez de garantías, Raúl Aufranc, accedió a la solicitud de la fiscalía y dictó la detención domiciliaria por un mes, medida que será supervisada a través de controles policiales. Se establecieron tres chequeos diarios en horarios aleatorios para asegurar el cumplimiento de la orden.

La resolución judicial se presenta como un esfuerzo por preservar la integridad del proceso legal y asegurar la presencia de la acusada durante el juicio. Este caso resalta la creciente preocupación por las estafas electrónicas en el comercio, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años.