El Director Provincial de Emergencias y Gestión de Riesgo fue desvinculado de la Secretaría a través de un decreto firmado por el gobernador neuquino, Rolando Figueroa. El hombre ya había puesto a disposición su  renuncia tras ser objeto de dos graves denuncias de abuso. Esta situación ha generado un amplio revuelo en la esfera política y social de la región, dejando en el aire serias interrogantes sobre la conducta de funcionarios públicos.

El funcionario, que ha tenido una larga trayectoria en el sector público, se defendió de las acusaciones, afirmando que nunca había enfrentado un señalamiento similar en sus 33 años de carrera. En un comunicado, agradeció a quienes se han solidarizado con él y ofrecido testimonio sobre su comportamiento en diversas funciones.

«Soy una persona de bien», afirmó, subrayando su experiencia como docente y entrenador, así como su papel como Jefe de Enfermeros en varias localidades. El director enfatizó que su intención es colaborar con la justicia, solicitando una licencia para que la investigación se realice sin obstáculos.

El mismo día en que se conocieron las acusaciones, el director hizo su descargo laboral y presentó una denuncia en Fiscalía, con el objetivo de limpiar su nombre. Según sus declaraciones, está convencido de que podrá demostrar la falsedad de las acusaciones en poco tiempo.

A lo largo de su carrera, el funcionario ha manifestado su compromiso por combatir la corrupción y las injusticias en el ámbito público. Aseguró que nunca ha malversado fondos ni cobrado por trabajos que no realizó, defendiendo su integridad ante la opinión pública.

Sin embargo, reconoció que ser un varón en una posición de poder puede ponerlo en una situación de desventaja ante acusaciones infundadas. Esta afirmación refleja una preocupación sobre el impacto que pueden tener este tipo de denuncias en la vida personal y laboral de quienes ocupan cargos públicos.

La renuncia y las acusaciones han puesto en el centro del debate la necesidad de un análisis más profundo sobre el acoso y abuso en el ámbito público. La comunidad espera que este caso sirva de punto de partida para una reflexión más amplia sobre el comportamiento de los funcionarios y la protección de las víctimas.

Mientras se espera el avance de la investigación judicial, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos ha manifestado su apoyo a la justicia y a las partes involucradas. Este caso podría marcar un precedente importante en la lucha contra el abuso en el ámbito gubernamental.

Las denuncias

Recientemente, han surgido dos denuncias de abuso contra el director de Emergencias y Gestión de Riesgo de la Provincia. Las acusaciones, que incluyen extorsión laboral y acoso sexual, han llamado la atención tanto del público como de las autoridades judiciales.

Las denuncias fueron presentadas por dos mujeres que han alegado situaciones graves de abuso en el entorno laboral. La naturaleza de estas acusaciones ha llevado a un análisis profundo sobre cómo se están manejando estos casos en la justicia.

En un giro inesperado, se ha informado que no fue separado de su cargo por orden superior, sino que decidió poner a disposición su renuncia y tomarse vacaciones. Esto ha generado preguntas sobre el protocolo adecuado en situaciones de este tipo y la respuesta del Estado ante acusaciones tan serias.

En declaraciones a Radio 7, el movilero Rigo Castaño, indicó que: «Desde el ámbito judicial, ha habido cierta confusión sobre el proceso. Se esperaba que el caso fuera girado a la justicia penal, dado el carácter grave de las acusaciones. Sin embargo, la jueza laboral que recibió la denuncia aparentemente no encontró elementos tangibles que justificaran la intervención penal, lo que ha despertado críticas y preocupaciones».

La falta de acción rápida por parte de la justicia ha suscitado un debate sobre la protección de las víctimas. Expertos en derechos laborales y abuso han señalado que es fundamental actuar con inmediatez en este tipo de casos para garantizar la seguridad de quienes denuncian.

La situación se complica aún más por el hermetismo que rodea el caso. El movilero Rigo Castaño señaló a Radio 7 que: «Hasta el momento, el Director de Emergencias no ha hecho declaraciones públicas al respecto, y se ha negado a comentar sobre las acusaciones en una breve conversación. Esto deja a muchos preguntándose sobre la transparencia del proceso».

Y desde el organismo provincial han mantenido un silencio similar, sin ofrecer información adicional sobre la situación del director ni sobre las medidas que se tomarán en respuesta a las denuncias. Esta falta de comunicación solo añade más incertidumbre y preocupación sobre cómo se están manejando las denuncias de abuso en el ámbito público.

La comunidad sigue expectante ante el desarrollo de este caso, que pone de manifiesto la necesidad de una revisión de los procedimientos judiciales en casos de abuso. La opinión pública clama por respuestas y por un enfoque que priorice la protección de las víctimas en situaciones de abuso y acoso.