El director provincial de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén fue denunciado por acoso y hostigamiento laboral y sexual hacia dos empleadas, quienes solicitaron medidas judiciales para protegerse. La Justicia ordenó una restricción de acercamiento por 90 días, prohibiendo al funcionario acercarse a las denunciantes. Este es el tercer caso de abuso de poder en oficinas públicas bajo la gestión de Rolando Figueroa.

Ambas víctimas son empleadas de planta permanente, designadas en cargos políticos, lo que otorga estabilidad laboral. Sin embargo, este hecho genera preocupación, ya que en otro caso reciente, una mujer que denunció acoso fue desvinculada de su puesto tras la denuncia. El funcionario acusado es una persona de máxima confianza de Luciana Ortiz Luna, secretaria que supervisa áreas clave como la Línea 148 y el Dispositivo de Atención a Varones que Ejercen Violencia.

Las denunciantes no solo presentaron la denuncia ante la justicia, sino que también solicitaron el inicio de un sumario administrativo para investigar internamente al funcionario. Además, mantuvieron una reunión con el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, para exponer la situación.

Una de las trabajadoras relató que, tras denunciar el hostigamiento, sus tareas comenzaron a ser restringidas. A parecer, la denunciante iba a trabajar pero no le asignaban ninguna tarea. Esta situación se transformó en una estrategia de aislamiento laboral. Por su parte, la otra víctima manifestó que soportó comentarios inapropiados por temor a perder su empleo, situación que la llevó a retrasar la denuncia.

El caso genera especial inquietud, ya que el funcionario trabaja en un área vinculada con la protección y prevención de la violencia de género, lo que expone una contradicción preocupante dentro de las instituciones provinciales. Las áreas a su cargo incluyen la atención a víctimas de violencia y la prevención de conductas violentas en varones, responsabilidades que contrastan con las denuncias en su contra.

Tras las acusaciones, el funcionario optó por tomarse licencia, aunque aún no está claro si será reincorporado o si se tomará la decisión de apartarlo definitivamente del cargo. La investigación judicial sigue en curso y podría derivar en nuevas medidas administrativas o legales.

Este es el tercer caso que involucra a funcionarios en cargos públicos de confianza dentro del actual gobierno, lo que ha generado preocupación en las esferas políticas y sociales de Neuquén. Las autoridades provinciales no han emitido declaraciones oficiales sobre la continuidad del funcionario, mientras se espera la resolución de la investigación.

La situación plantea un serio desafío para las autoridades provinciales, especialmente en un contexto donde la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género son parte central de la agenda gubernamental. La comunidad neuquina sigue de cerca la evolución del caso, esperando respuestas claras y medidas concretas que refuercen la seguridad y el respeto en los entornos laborales.