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“El embargo es una señal de que la demanda es seria”, afirmó el abogado Miguel Quiruga

La Justicia Civil de Neuquén ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias y el inmueble rural de la Cooperativa 127 Hectáreas. El abogado Miguel Quiruga, quien representa a un grupo de denunciantes, explicó la importancia de esta medida judicial. «El embargo sobre las cuentas bancarias y bienes de la cooperativa es una señal de […]

La Justicia Civil de Neuquén ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias y el inmueble rural de la Cooperativa 127 Hectáreas.

El abogado Miguel Quiruga, quien representa a un grupo de denunciantes, explicó la importancia de esta medida judicial. «El embargo sobre las cuentas bancarias y bienes de la cooperativa es una señal de que la demanda es seria y de que el juzgado así lo entiende» afirmó.

El caso involucra dos expedientes: uno vinculado a la venta de terrenos del loteo en la meseta, y otro sobre la comercialización de viviendas. Según Quiruga, el avance del proceso penal depende ahora de la fiscalía: “La pelota la tiene el Poder Judicial, la fiscalía y los jueces penales, que deberán activar las medidas necesarias para determinar la responsabilidad penal de los directivos de la cooperativa”.

El abogado afirmó que la cantidad de damnificados sigue en aumento. “En las demandas civiles representamos a más de 130 personas, pero hay cientos más que aún no han iniciado acciones legales. Nos han informado que hay más de 600 afectados que pagaron por casas y terrenos que no existen”, denunció.

Además, advirtió sobre la situación financiera de los socios: “Siguen pagando cuotas sin recibir nada a cambio. En muchos casos, les han cobrado incluso por vigilancia en terrenos donde no hay más que monte».

Quiruga recomendó que los afectados busquen asesoramiento legal y evalúen frenar los pagos. “A nuestros representados les sugerimos que no paguen más la cuota porque estarían consolidando un posible delito”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de sanciones penales para los responsables, Quiruga explicó que, de comprobarse el delito de estafa, las penas podrían superar los cinco años de prisión, dependiendo del grado de agravantes que se sumen durante la investigación.

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