En una audiencia judicial cargada de tensión emocional, Alfredo Escobar, condenado por el femicidio de Cielo López, solicitó una serie de beneficios mientras cumple su condena en la Unidad 11 de Neuquén. Entre las peticiones que presentó su defensa, se incluyó la renovación de un colchón deteriorado y la posibilidad de mantener videollamadas con su familia. Estos pedidos fueron discutidos ante el juez Gustavo Ravizzoli, quien finalmente aprobó algunas solicitudes, lo que generó una fuerte reacción de la querella, especialmente de Melisa López, hermana de la víctima.

La audiencia se desarrolló de forma virtual debido a que Escobar, quien cumple prisión perpetua, fue conectando por videollamada desde la cárcel. Durante el encuentro, su defensa solicitó, además del colchón, que se le permitiera realizar videollamadas con los miembros de su familia, alegando que su hermano, que trabaja en el Servicio Penitenciario Federal, había perdido contacto con él, y que su hermana que vive en Villa La Angostura se vería beneficiada por la comunicación virtual, debido a la distancia geográfica. También se mencionó que los padres del condenado, que viven en Plottier, deberían tener acceso a estas comunicaciones.

Este tipo de solicitudes, que parecen menores en comparación con el delito que cometió Escobar, provocaron una inmediata respuesta de Melisa López, quien, entre lágrimas de bronca, expresó su rechazo absoluto. «Esto es bochornoso y vergonzoso», indicó Melisa, hermana de Cielo López.

La querella, a cargo del abogado Enrique Velazco, centró su intervención en dos puntos fundamentales: la falta de notificación formal sobre la audiencia a los abogados de la familia López, y el acceso privilegiado que Escobar podría obtener respecto al trato de otros internos en la misma unidad penitenciaria. Velazco remarcó que, si bien el cambio de colchón podría ser legítimo, la solicitud de las videollamadas con su familia crearía un privilegio irritante, sobre todo al comparar la ausencia completa de contacto de Melisa con su hermana, quien fue asesinada.

Por otro lado, la defensa de Escobar argumentó que el derecho a las videollamadas estaba respaldado por la Ley de Ejecución Penal, que establece que los internos tienen derecho a mantener comunicaciones con su círculo familiar. El juez Ravizzoli no se opuso a este planteo, señalando que las videollamadas serían autorizadas para la hermana de Escobar, quien reside en Villa La Angostura, pero rechazó el pedido de su hermano, quien vive en Senillosa, ya que no se consideró que existieran impedimentos para que este pudiera visitar personalmente a Escobar. Respecto a los padres del condenado, Ravizzoli también desestimó su solicitud de videollamadas, ya que no se presentó suficiente justificación de la imposibilidad de desplazamiento.

Durante la audiencia, Melisa López se mostró visiblemente afectada por la idea de que Escobar pudiera acceder a tales beneficios, algo que consideró injusto y desmedido dadas las circunstancias de su familia. El juez, al final de la audiencia, recordó que el derecho a la comunicación familiar no es un privilegio exclusivo de los condenados, sino una medida para garantizar su integración y bienestar dentro del sistema penitenciario, siempre que no interfiera con el curso de la justicia o el respeto a las víctimas.

Sin embargo, en este caso específico, las decisiones parecieron más orientadas a dar cumplimiento a un marco normativo que a la sensibilidad del contexto y el impacto emocional sobre la familia de la víctima. Al concluir la audiencia, Melisa López reiteró su firme rechazo a que se otorguen privilegios a alguien como Escobar.