La resolución del TSJ, apoyada por los vocales Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe, anula una decisión anterior del Tribunal de Impugnación, que había limitado el embargo al monto de la multa vigente por casos de contaminación según la legislación específica. Los magistrados del TSJ coincidieron con la fiscalía y las querellas particulares en que las medidas cautelares podían incluir el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.

«El fallo inicial había sido respaldado tanto por un juez de garantías como por un tribunal revisor, que consideraron justificado el alcance de los embargos,» explicó Breide Obeid. Como resultado, Moya y Elosu Larumbe ordenaron la reinstauración del embargo y sus alcances originales.

Comarsa, la empresa en cuestión, está bajo investigación por actividades que datan desde 2014, relacionadas con la contaminación del medio ambiente en su predio del parque industrial de Neuquén capital, poniendo en riesgo la salud pública.

Los embargos afectan no solo los bienes de la empresa, sino también las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde abril de 2014, y H.E.B, director suplente hasta 2017 y con funciones hasta 2021. También está implicado F.A.P, quien fue gerente general y responsable técnico de la firma hasta 2016.

«Las acusaciones incluyen cargos por contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta,» detalló el fiscal. Estas se basan en los artículos 57 y 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal, y en el artículo 173 del Código Penal, respectivamente.

Además de Breide Obeid, la fiscalía cuenta con la asistencia de Julieta González. La acusación es respaldada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ambas en calidad de querellantes particulares.