La reciente advertencia de la Secretaría de Energía sobre la posibilidad de cortes de energía eléctrica durante el próximo verano ha encendido las alarmas en diversos sectores económicos de Argentina. La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) ha respondido a estas advertencias con un fuerte llamado de atención sobre la situación crítica que atraviesa el país en términos de infraestructura energética. Su mensaje resuena con claridad: la falta de energía eléctrica no sería un problema si las represas de la Patagonia estuvieran en funcionamiento.

Contexto histórico

La referencia a los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y los siguientes cuatro años bajo la presidencia de Alberto Fernández pone de manifiesto una problemática estructural en la planificación y desarrollo de proyectos energéticos en el país. ENAC sostiene que ambos gobiernos han fallado en la ejecución de proyectos esenciales, lo que ha llevado a una dependencia de la energía importada y a un debilitamiento de la infraestructura local.

El hecho de que la construcción de represas en la Patagonia, crucial para garantizar un suministro energético sostenido, se haya visto obstaculizada por decisiones políticas y lobby, refleja un enfoque a corto plazo en la gestión de recursos energéticos. Esta situación ha sido interpretada por ENAC como una causa directa del potencial colapso energético, que afectaría gravemente a las cadenas de producción y valor en el país.

Consecuencias económicas

ENAC señala que el escenario de cortes programados no solo implica una interrupción en el suministro de energía, sino que también conlleva repercusiones económicas severas. La conexión de diversas cadenas de valor—como la industria alimentaria y la salud—hace que la falta de energía se traduzca rápidamente en pérdidas productivas. En una economía interconectada, los efectos de estos cortes no se limitan a las empresas afectadas directamente; el impacto se siente en toda la economía, elevando los costos operativos y, en última instancia, los precios al consumidor.

Además, los tarifazos en servicios de energía y gas, considerados inflacionarios y confiscatorios, añaden otra capa de complejidad. Estas políticas afectan no solo a los consumidores, sino que también deterioran la rentabilidad de las empresas, que deben lidiar con costos crecientes y una inestabilidad que limita su capacidad para planificar a largo plazo.

Reflexiones sobre la inversión

El cuestionamiento de ENAC sobre el uso de fondos públicos resalta un aspecto fundamental: la necesidad de priorizar la inversión en infraestructura energética. En un contexto donde los cortes de luz y los aumentos de tarifas son inminentes, resulta imperativo que el gobierno redireccione sus esfuerzos hacia proyectos que realmente fortalezcan el sistema energético nacional. Esto no solo beneficiaría a la industria y el comercio, sino que también podría tener un efecto positivo en la creación de empleo y la estabilidad económica.

La incapacidad de garantizar un suministro energético constante pone en jaque no solo a las empresas, sino también a la sociedad en su conjunto, y revela un patrón preocupante de inacción y falta de visión estratégica en la política energética del país.

La situación energética en Argentina, marcada por la posibilidad de cortes eléctricos en un contexto de creciente demanda, demanda una revisión profunda de las políticas y proyectos en curso. La falta de inversión en infraestructura, combinada con decisiones políticas erráticas, está llevando al país hacia un camino de subdesarrollo. La necesidad de una infraestructura robusta y eficiente es más urgente que nunca, y cualquier postergación adicional podría resultar en costos insostenibles para el futuro de Argentina.