Una enfermera fue condenada por robar y vender vacunas contra el Virus Papiloma Humano en el Centro de Salud de Taquimilán. La acusada, Graciela Itatí García, aceptó su responsabilidad en los hechos, los cuales tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2024.

El acuerdo alcanzado entre las partes, que fue homologado por el juez Lisandro Borgonovo, incluyó una pena de dos años de prisión de ejecución condicional. García deberá cumplir con reglas de conducta, como no cometer nuevos delitos, someterse a controles trimestrales y fijar un domicilio.

La condena también incluye una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, lo que marca el fin de su carrera en el sector público. García, quien no tenía antecedentes penales, aceptó el acuerdo de procedimiento abreviado, lo que permitió resolver el caso sin la necesidad de un juicio oral.

“Estas vacunas estaban destinadas a su colocación en niños y niñas en el ámbito de salud pública, con este accionar utilizó las vacunas que le fueron confiadas en razón de su función para su propio beneficio, sacando un provecho económico” explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Los hechos sucedieron entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2024, en el centro de salud de Taquimilán, donde la acusada cumplía funciones como enfermera. Durante ese período, García sustrajo dos dosis de vacunas contra el virus papiloma humano, las cuales estaban bajo su custodia como parte de su labor en el hospital de Chos Malal.

“Quitó las vacunas de la esfera de custodia del centro de salud de Taquimilán, destinándolas a un fin extraño de los que tiene la entidad” agregó.

Las vacunas, que debían ser administradas a niños y niñas en el marco de la salud pública, fueron vendidas por García por un total de $320.000 en la localidad de Las Lajas La fiscalía destacó que la mujer utilizó su rol como funcionaria pública para obtener un beneficio económico a través de la venta ilegal de las vacunas.

Este acto de malversación de bienes públicos se calificó como un fraude con fines lucrativos. El acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía, en virtud de la ausencia de antecedentes penales, permitió una resolución rápida del caso, lo que evitó un juicio oral y una situación procesal más prolongada.