La Escuela Especial 24 de Cipolletti atraviesa una crítica situación edilicia, con instalaciones deterioradas, sin rampas ni baños adaptados, lo que impide el inicio de clases y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes. Padres y docentes denuncian el abandono estatal y exigen respuestas urgentes.

El edificio presenta paredones rotos, vidrios quebrados y portones que no cierran, lo que representa un grave peligro para los niños que asisten al establecimiento, muchos de ellos con discapacidades motrices que requieren de infraestructura adecuada. La falta de accesibilidad es una de las principales preocupaciones.

El director de la institución, Eliano Contreras, confirmó que la empresa contratada por el Consejo Provincial de Educación trabaja sobre los muros perimetrales, pero aún no hay precisiones sobre el plan de obra ni fechas concretas de finalización. La comunidad educativa reclama por obras postergadas desde hace más de una década.

“Es un justo reclamo de las familias”, expresó Contreras, quien reconoció que la escuela fue seriamente afectada por el temporal de enero, perdiendo parte del techo. A pesar de algunas reparaciones, el edificio continúa inhabilitado para recibir alumnos.

Actualmente la institución tiene cerca de 100 estudiantes inscriptos y trabaja en proyectos de inclusión en distintas escuelas, lo que agrava la situación al no poder garantizar la continuidad educativa. Las familias aseguran que no permitirán el retorno a clases en esas condiciones.

Los padres exigen la construcción de un nuevo edificio, denunciando que la actual sede es “una escuela descartable”, en palabras de los propios tutores, quienes aseguran estar cansados de falsas promesas por parte de las autoridades.

A pesar de las reuniones mantenidas con la coordinadora Beatriz y el Consejo de Educación, no se brindaron soluciones de fondo ni se garantizaron condiciones mínimas de seguridad, por lo que el conflicto sigue vigente. Algunos docentes fueron reubicados en otras instituciones para continuar cumpliendo funciones administrativas.

El reclamo apunta tanto al Consejo Provincial de Educación como al municipio y al gobierno provincial, a quienes se responsabiliza por la falta de respuestas efectivas en más de diez años de pedidos. Las familias insisten en no aceptar parches sino una solución integral y definitiva.