El Gobierno nacional ha llevado a cabo una reestructuración significativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) mediante la publicación del Decreto 662/2024 en el Boletín Oficial. Esta medida incluye la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741), con el objetivo de optimizar los procesos y racionalizar los recursos del instituto.
La reestructuración responde a un contexto de recortes presupuestarios y ajustes en el personal. Desde el Poder Ejecutivo se argumentó que, mientras que en el año 2000 el INCAA contaba con aproximadamente 90 empleados, al momento de asumir la actual administración, la planta de personal, bajo diversas formas de contratación, había crecido a más de 900 agentes. Este aumento significativo en la cantidad de empleados llevó a que en el ejercicio anterior, el 42% de los ingresos del INCAA se destinaran a sueldos, afectando su capacidad para fomentar la actividad cinematográfica.
El Gobierno destacó que se han delegado al INCAA tareas que no están relacionadas con sus funciones principales, como la organización del “Festival Internacional de Cine de Mar del Plata” y “Ventana Sur”. Estos eventos, junto con otros gastos operativos, llevaron a que en 2023 el instituto requiriera aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por aproximadamente $1.900 millones y acumulara una deuda con proveedores de $700 millones. El déficit de ejecución del INCAA en 2023 ascendió a $2.600 millones, impactando negativamente el presupuesto de 2024.
En este contexto, el Gobierno considera que el sistema actual de entrega de subsidios del INCAA es “obsoleto y alejado de modelos exitosos en otros países”, y que es necesario modernizarlo para priorizar el fomento de la industria con base en la calidad y las posibilidades de exhibición y recuperación de fondos. Se estableció que el INCAA deberá limitar el porcentaje del presupuesto destinado a objetivos no relacionados con el fomento de la actividad cinematográfica, no superando el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico y ni representar más del 50% del costo total de producción del proyecto.
Además, se determinó que los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor desempeñarán sus cargos “ad honorem”, y que las entidades representativas deberán contar con personería jurídica o gremial con al menos la quinta parte de los profesionales y actividad en los dos años anteriores. Finalmente, se fijará una cuota de pantalla para películas nacionales de largometraje y cortometraje, basada en las características de las salas de exhibición.
