La jueza María Victoria Bacci, titular del Juzgado de Juicios Ejecutivos N°2 de Neuquén, emitió una medida cautelar este jueves en favor de los trabajadores estatales de la provincia, ordenando frenar la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre un 40% del sueldo. La medida fue solicitada por el gremio ATE, argumentando que dicho porcentaje está destinado a cubrir gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, y por tanto, no debe ser gravado.
La magistrada sostuvo que debe respetarse la ley 3378, que estipula que las remuneraciones de los estatales neuquinos se componen de un 60% de sueldo y un 40% de dedicación funcional. Este último concepto incluye reembolsos por gastos inherentes al desempeño de la función y, por consiguiente, no puede ser incluido en el cálculo del impuesto a las ganancias.
En su resolución, Bacci subrayó que el dictado de estas leyes es resultado del ejercicio de las prerrogativas del Estado Provincial, actuando en concordancia con el principio federalista consagrado en la Constitución Nacional. Según la jueza, el gobierno local, especialmente el Poder Legislativo, está en una posición privilegiada para entender la situación económica regional y, por ende, debe tener la potestad de legislar en consecuencia.
La decisión de la jueza también responde a la necesidad de evitar perjuicios inmediatos, dado que la liquidación de los haberes de julio estaba próxima. Este “peligro de demora” justificó la urgencia de la medida cautelar, protegiendo así los ingresos de los empleados estatales.
El gremio ATE había presentado la acción de inconstitucionalidad, argumentando que el gravamen sobre la dedicación funcional vulneraba los derechos de los trabajadores. La medida cautelar otorgada por Bacci tendrá vigencia hasta que se emita una sentencia definitiva sobre el caso.
Esta resolución marca un paso significativo en la defensa de los derechos laborales en la provincia de Neuquén, generando un precedente importante en la aplicación de impuestos sobre los salarios de los trabajadores estatales. Mientras tanto, el gobierno provincial deberá ajustarse a esta orden judicial y mantener las condiciones previas en la retención de impuestos.
