El fuego arrasó con más de 100 viviendas y dejó un muerto en El Bolsón. El incendio, que comenzó el jueves pasado en la zona del Cajón del Azul, avanzó rápidamente hacia las chacras de Wharton y Mallín Ahogado, consumiendo extensas hectáreas de bosque nativo y plantaciones de pino. La tragedia pone en evidencia la falta de prevención y control sobre estos territorios.
Francisco Ramírez, vecino de la zona, perdió casi toda su propiedad. «Mi chacra está afectada en un 90 por ciento. Logré salvar la vivienda, pero perdí galpones, establecimientos y huertas», relató en una entrevista radial. Aunque sus animales lograron resguardarse, su producción fue destruida, afectando su sustento y el de muchos otros pobladores.
El incendio sigue activo y la comunidad lucha para contenerlo. «Hoy volvió a encenderse detrás del Parador El Montañés», advirtió Ramírez. El fuego avanza minuto a minuto, y los vecinos intentan sofocarlo con los escasos recursos que tienen. La organización comunitaria se ha vuelto clave para coordinar esfuerzos y mitigar el desastre.
A pesar de la ayuda, falta capacitación y logística adecuada. «Sigue llegando gente con intenciones de ayudar, pero hay que enseñarles cómo actuar», explicó Ramírez. La ausencia de formación y planes de acción preventiva ha hecho que el fuego se propague sin control, exponiendo a los voluntarios a peligros evitables.
La tragedia ya se cobró la vida de un poblador de 84 años. Don Ángel Reyes, vecino de la zona, falleció al no poder escapar de las llamas. La comunidad lamenta su pérdida y teme que la falta de respuesta estatal agrave aún más la situación. Muchos afectados no saben cómo reconstruir sus vidas tras la devastación.
El turismo descontrolado incrementa el riesgo de incendios en la región. «Solo en enero y febrero ingresaron 120.000 personas al Área Protegida, un impacto desorbitante», señaló Ramírez. La masiva llegada de turistas sin regulación expone el bosque a riesgos incontrolables. Hasta ahora, no se han implementado medidas efectivas para minimizar estas amenazas.
Treinta años de desidia estatal agravaron el desastre. El Área Protegida fue creada en 1994, pero nunca contó con un plan de manejo ni de gestión. «No hubo presupuesto estable para capacitación ni equipamiento, dejando 65.000 hectáreas sin regulación», denunció el vecino. La falta de políticas claras permitió que la situación se desbordara.
Los pobladores exigen acción inmediata para evitar nuevas tragedias. «Venimos presentando propuestas a las autoridades, pero no se ha hecho nada», afirmó Ramírez. La comunidad demanda planes de prevención, educación ambiental y regulaciones estrictas para evitar que una catástrofe como esta vuelva a repetirse.
