La Justicia ratificó la suspensión de las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner y Amado Boudou, luego de que la ANSES decidiera dar de baja sus asignaciones tras sus condenas por corrupción. Con esta resolución, la expresidenta y el exvicepresidente no podrán acceder a los haberes que reclamaban.

Cristina Kirchner perderá un ingreso mensual de $32 millones, mientras que Boudou tampoco podrá acceder a su beneficio previsional. Según el dictamen judicial, la decisión se basa en que ambos tienen sentencia firme por delitos contra la administración pública, lo que justifica la suspensión de sus haberes.

La expresidenta calificó la medida como «injusta» y argumentó en redes sociales que la pensión de los exmandatarios no depende de su desempeño en el cargo, sino del hecho de haber sido elegidos por el pueblo. Según su postura, solo el Congreso tiene la facultad de revocar este derecho a través de un juicio político.

Desde el oficialismo respaldaron la decisión y cuestionaron a Kirchner. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que quienes reclaman por su «derecho a la prosperidad» son los mismos que «dejaron en la pobreza al 57% de la población y sin futuro a toda una generación». La declaración fue realizada en la red social X y generó reacciones en distintos sectores políticos.

La ANSES defendió la suspensión de las jubilaciones de privilegio al considerar que las condenas firmes por corrupción invalidan el derecho a percibir estos beneficios. La medida se enmarca en una política del actual gobierno para evitar que exfuncionarios con antecedentes penales accedan a haberes especiales financiados por el Estado.

La defensa de Cristina Kirchner podría presentar un nuevo recurso ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para intentar revertir la decisión. Sin embargo, fuentes judiciales consideran que las posibilidades de que prospere este planteo son limitadas debido a los antecedentes de fallos similares.

Amado Boudou no realizó declaraciones públicas sobre el fallo, aunque en ocasiones anteriores calificó la suspensión de su jubilación como una «persecución política». Su condena por el caso Ciccone fue ratificada por la Corte Suprema, lo que refuerza la decisión de la ANSES de dar de baja su asignación.

El fallo sienta un precedente para otros exfuncionarios condenados, ya que podría aplicarse en casos similares donde existan sentencias firmes por corrupción. El debate sobre los privilegios jubilatorios de los exmandatarios continuará en el ámbito político y judicial.