El proyecto propone un adicional remunerativo no bonificable equivalente al 10% de la asignación mensual del cargo del personal docente, que se liquidará trimestralmente con los sueldos de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Este adicional, podrán recibirlo aquellos docentes cuyas inasistencias no superen las tres trimestrales, con un límite de dos mensuales, siempre y cuando estén debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias. Además, los beneficiarios deberán acreditar la asistencia a un mínimo de capacitaciones determinadas anualmente por el Consejo Provincial de Educación.
El incentivo no será percibido por los agentes que trabajen en comisión de servicios fuera del sistema educativo y no será objeto de negociaciones salariales colectivas.
El proyecto también incluye medidas para reducir el impacto económico y operativo de las suplencias y reemplazos temporales en el sistema educativo provincial. Los fundamentos del proyecto mencionan que el Tesoro Provincial destina aproximadamente U$S 100 millones de dólares anuales al pago de suplencias, de los cuales U$S 20 millones se utilizan para el pago de “suplentes de suplentes”. Este gasto podría financiar la construcción de 64 escuelas primarias cada año.
“En respuesta a esta situación, se propone una reforma en el régimen de licencias para los docentes suplentes, buscando optimizar el uso de los recursos y reducir los costos excesivos asociados a las suplencias, asegurando una mejor gestión del presupuesto provincial y la construcción de más infraestructura educativa”, explican los autores del proyecto.
El proyecto, identificado como 16821, ingresó por Mesa de Entradas el 18 de junio y cuenta con las firmas de Claudio Domínguez, Gabriel Álamo, Gerardo Gutiérrez, Patricia Fernández, Guillermo Monzani, Carina Riccomini, Cielubi Obreque, Juan Sepúlveda, César Gass y Alberto Bruno.
