Marcela Lorente, integrante del Foro en Defensa de la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, dialogó sobre la importancia, desafíos y avances de esta normativa pionera que desde el año 2001 busca garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en Neuquén.
Aprobada por unanimidad en 1999 y considerada una ley de avanzada para su época, la Ley 2302 introdujo un enfoque integral en la protección de las infancias, revolucionando la intervención de la justicia en temas relacionados con los derechos de menores. Sin embargo, como explicó Lorente, desde su implementación, ha enfrentado constantes desafíos vinculados a la falta de presupuesto adecuado, dificultando su ejecución plena.
La lucha por un presupuesto adecuado
Desde el inicio, la implementación de la Ley 2302 ha estado marcada por movilizaciones sociales que buscaban asegurar los recursos necesarios para garantizar los derechos de la niñez. “Nunca se asignó un presupuesto acorde a lo que establece la ley”, afirmó Lorente, destacando que, a pesar de los avances, el financiamiento insuficiente sigue siendo un obstáculo crítico.
En 2004, el Foro en Defensa de la Ley comenzó a exigir mayores recursos y transparencia en el uso de los fondos destinados a políticas de infancia. “Nuestro objetivo no es criticar al gobierno, sino asegurar una vida digna para los niños y adolescentes”, subrayó.
Un contexto de pobreza y extrema vulnerabilidad
El impacto de la pobreza y la extrema pobreza es uno de los principales factores que afectan a niñas, niños y adolescentes en la provincia. La falta de acceso a alimentación adecuada, vivienda digna y educación de calidad se ha convertido en una preocupación central.
Lorente señaló que muchas familias en contextos vulnerables reciben módulos alimentarios insuficientes, carentes de frescos y proteínas. Además, los subsidios otorgados no contemplan las necesidades específicas de cada familia, como la celiaquía u otras condiciones particulares.
Educación: el único refugio para muchos
La educación se ha transformado en un espacio de contención para niños y adolescentes. Sin embargo, las condiciones en las escuelas reflejan serias deficiencias estructurales. “La escuela debe estar abierta y ofrecer refrigerios adecuados, pero enfrentamos problemas de infraestructura, falta de gas y agua, y conflictos gremiales que afectan a los más vulnerables”, expresó.
Lorente también mencionó que no existen equipos interdisciplinarios en las escuelas rurales, lo que dificulta el abordaje integral de las problemáticas educativas y sociales.
El desafío de la justicia y la mirada hacia el futuro
La Ley 2302 también aborda el tratamiento de niños y adolescentes en conflicto con la ley. Según Lorente, es esencial que se les brinden oportunidades para reconstruir sus vidas en lugar de perpetuar ciclos de exclusión y violencia.
“La ley reconoce que los adolescentes en conflicto con la ley necesitan hacerse responsables de sus actos, pero también deben recibir un acompañamiento que les permita elegir otro camino”, explicó.
Un llamado a la acción desde la experiencia
El Foro ha presentado informes y propuestas al gobierno basados en datos recopilados de diversas instituciones. “Nuestro enfoque está en garantizar el bienestar de las infancias, no en criticar al gobierno”, insistió Lorente, destacando que las soluciones deben involucrar a todas las partes: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad en su conjunto.
“Los niños solo necesitan amor y alimento, y es responsabilidad del Estado garantizar que eso se cumpla”, concluyó, invitando a los funcionarios a trabajar desde una perspectiva que priorice a las infancias y adolescencias como sujetos de derecho.
