La Legislatura inicio, este martes, el debate en comisiones de la modificación del instituto del juicio directo que está definido en el artículo 222 del Código Procesal Penal. La finalidad del debate es poder eliminar la exigencia de acuerdo entre las partes para su implementación en los casos de flagrancia.

El tratamiento empezó en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia presidido por el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) y ya anticiparon que solicitarán información al TSJ y a los ministerios públicos de la Defensa y Fiscal para que emitan su opinión. El debate retoma tres proyectos: uno elevado el año pasado por el fiscal general, José Gerez; otro por el intendente de San Martín, Carlos Saloniti; además, el diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó otro proyecto en 2020, que contempla -también- la posibilidad de que la Defensa argumente su oposición y el juez de garantías decida sobre su pertinencia.

El legislador por Democracia Cristiana, remarcó que «el juicio directo no se realizó desde su incorporación en el código» y agregó que «la medida se aplicaría únicamente para delitos flagrantes y, dentro de estos, remarcó que el delito contra la propiedad es el más común y el que más afecta a la ‘convivencia social'». Coggiola calificó la modificación como “una herramienta para terminar con la puerta giratoria”.

Por su parte, la diputada María Laura du Plessis (MPN) se inclinó por la iniciativa de Coggiola y dijo: «estamos convencidos de que esta es una herramienta para alcanzar una justicia ágil, eficaz y sencilla”, considerando que no se aplicará a todo tipo de delitos sino exclusivamente a los de flagrancia.

La diputada Soledad Martínez (FdT) también se manifestó a favor de la modificación pero advirtió que únicamente cuando implique suspender la audiencia intermedia cuando no hay duda de la autoría del hecho y no implica afectación del derecho a juicio. A su vez, advirtió sobre la necesidad de “revisar otros aspectos del Código” para alcanzar una “justicia más eficiente”. En similar sentido se expresó César Gass (JxC), quien pidió garantizar “la homogeneidad” del Código con las reformas introducidas y no perder de vista “la integralidad” del texto.

La diputada Soledad Salaburu (FdT) pidió incluir “el contexto” en el tratamiento de los proyectos y criticó que “cada vez que hay algún hecho público o escandaloso aparece la reforma del 222”. En ese sentido, solicitó analizar el estado carcelario del sistema penitenciario provincial que se encuentra superpoblado. El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) coincidió en la pertinencia de atender a la “implicancia política” de una modificación de procedimiento penal, mientras que Karina Montecinos (CC-ARI) señaló que “quizás este proyecto es el puntapié inicial para considerar otras resoluciones” en materia de seguridad.