Con dos plenarios de comisiones programados para mañana y el jueves, el Senado acelerará esta semana el tratamiento de la reforma de la ley de Alquileres, luego de la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio con la ayuda de otras bancadas de la oposición. El panorama, sin embargo, se presenta bastante más complejo en la Cámara alta, donde a priori la principal bancada opositora no tendría los votos ni siquiera para el quórum.
En la reunión informativa del martes pasado de las comisiones de Legislación General y Presupuesto Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes, pero desde el oficialismo pusieron un freno a esas pretensiones y si bien coincidieron en darle celeridad al debate, pidieron tomarse el tiempo de convocar a especialistas y representantes de los sectores involucrados (propietarios, inquilinos, martilleros, etc).
La primera audiencia con invitados fue convocada para este miércoles a las 14 hs y tras un cuarto intermedio el debate se retomará al día siguiente a las 11 hs. Además de la media sanción venida en revisión de Diputados, se pondrán en consideración otros proyectos como el de la senadora riojana Clara Vega, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, el del radical riojano Julio Martínez, el del oficialista misionero Maurice Closs y el de la radical santafesina Carolina Losada, quien propone la derogación la normativa vigente desde el 2020.
La modificación de la Ley 27.551 que llega con media sanción de Diputados, que la oposición logró imponer dos semanas atrás con una mayoría ajustada de votos, propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año) y deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar esos ajustes, pudiendo elegir a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.
Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual. Consideran que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida. También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.
Este último punto es una preocupación compartida con Unidad Federal, el bloque de seis senadores del peronismo disidente, que está conformado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola, María Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo. Sin el apoyo de Unidad Federal, se disipan las chances de que Juntos por el Cambio consiga los 37 votos que hace falta para aprobar la iniciativa venida de Diputados.
