El Gobierno nacional, a través del Decreto 718/2024, estableció un nuevo marco regulatorio para la gestión y concesión de los complejos hidroeléctricos más importantes del país, ubicados en la región del Comahue. Este decreto, firmado por el presidente y los ministros involucrados, establece las bases para la renovación de concesiones, que incluyen las hidroeléctricas de El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
El decreto ordena a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía que llame a un concurso público nacional e internacional en un plazo de 180 días para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades que administrarán estos complejos hidroeléctricos. Las actuales concesionarias, incluyendo a ENEL Generación El Chocón y AES Alicurá, continuarán operando bajo un régimen transitorio de hasta un año, o hasta que se adjudique el proceso licitatorio.
Este proceso de licitación se realiza en el marco de la política de reordenamiento del sector eléctrico argentino, donde se busca garantizar la continuidad operativa de los complejos hidroeléctricos y la implementación de un plan estratégico de renovación de activos, con el fin de asegurar un funcionamiento pleno y sin interrupciones.
Además, el decreto establece que, si el concurso público se declara desierto o fracasa, el Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía, mantendrá la titularidad de los paquetes accionarios, lo que permitirá una reversión efectiva de los bienes y equipos a las sociedades constituidas por el Estado, ENARSA y NASA, para tal fin.
El ENRE y otros organismos de control también juegan un papel crucial en este proceso, asegurando que las actuales concesionarias cumplan con todas las obligaciones contractuales durante el período de transición. Las nuevas concesiones otorgadas a las sociedades que resulten adjudicatarias tendrán la responsabilidad de operar los complejos hidroeléctricos bajo los términos definidos en los contratos de concesión.
El decreto también autoriza a la Secretaría de Energía a realizar todas las gestiones necesarias para la transferencia de bienes, personal y contratos que garanticen el normal funcionamiento de estos complejos hidroeléctricos. La normativa incluye pautas detalladas para la elaboración de pliegos y condiciones, normas de manejo de aguas, seguridad de presas y protección del ambiente.
Este nuevo marco regulatorio forma parte de la estrategia del gobierno para enfrentar la emergencia del sector energético y asegurar un suministro eléctrico confiable y sustentable a largo plazo. El proceso licitatorio busca atraer inversiones tanto nacionales como internacionales, garantizando transparencia y competitividad en el manejo de los recursos hidroeléctricos estratégicos para el país.
