Las negociaciones para reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Arroyito, Neuquén, enfrentan un momento crítico tras el vencimiento del contrato entre la provincia y la Nación el 30 de abril de 2025, generando incertidumbre entre los trabajadores y autoridades. El gobierno provincial, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), busca una prórroga de seis meses para garantizar la continuidad del proyecto, mientras se exploran contratos con empresas internacionales interesadas en el insumo estratégico.
La incertidumbre laboral crece entre los 105 trabajadores de la PIAP, quienes realizan tareas de mantenimiento desde que la planta detuvo su producción en 2017. Los delegados de ATE en la planta han mantenido reuniones con el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, y el ministro de Infraestructura neuquino, Rubén Etcheverry, para exigir claridad sobre el futuro del complejo. El contrato, que finalizó sin definiciones concretas, ha llevado a los trabajadores a planificar movilizaciones, incluyendo una protesta en Buenos Aires el 21 de abril.
Tres empresas internacionales, provenientes de Japón, Estados Unidos y Canadá, han expresado interés en adquirir agua pesada o amoníaco producido en la PIAP, según informó el ministro Etcheverry. La japonesa Marubeni firmó una carta de intención para comprar amoníaco, mientras que una compañía canadiense podría demandar hasta 4.000 toneladas de agua pesada para un proyecto en Ontario, lo que facilitaría financiamiento para la reactivación. Estas negociaciones, aunque avanzadas, permanecen bajo confidencialidad.
El objetivo principal de la reactivación es producir 485 toneladas de agua pesada para abastecer las centrales nucleares argentinas Atucha I, Atucha II y Embalse hasta el fin de su vida útil. Una línea de producción de la PIAP, con capacidad para 80 toneladas anuales, se destinaría a este fin, mientras que la segunda línea exploraría la fabricación de amoníaco y urea, insumos clave para fertilizantes, en colaboración con Y-TEC.
La planta, parada desde 2017, requiere un reacondicionamiento intensivo para retomar operaciones, un proceso iniciado en 2023 con un presupuesto nacional de 4.900 millones de pesos y una partida provincial de 1.000 millones. La CNEA estima que la PIAP podría volver a producir en abril de 2025, siempre que se concrete la prórroga del contrato y se asegure el financiamiento. La tecnología de la planta, la más avanzada del mundo, la posiciona como un activo estratégico.
Las negociaciones para la prórroga dependen de decisiones de la CNEA y el gobierno nacional, lo que genera tensiones con Neuquén, que reclama mayor celeridad. El ministro Etcheverry destacó que el diálogo está avanzado, pero la falta de definiciones antes del 30 de abril ha avivado el malestar. La provincia, que posee la mayoría accionaria de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), operadora de la PIAP, insiste en su rol clave en el proyecto.
La importancia estratégica de la PIAP radica en su capacidad para garantizar la soberanía energética y generar divisas mediante exportaciones. El agua pesada, utilizada en reactores nucleares y en industrias electrónicas y médicas, es un insumo de alta demanda global. Además, la producción de amoníaco y urea podría posicionar a Neuquén como un actor relevante en el mercado de fertilizantes, aprovechando los recursos de Vaca Muerta.
