El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava dictó una nueva medida cautelar que frena los aumentos indiscriminados de las empresas de medicina prepara, autorizados por el DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei.

El magistrado hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una afilada a la empresa Medicus S.A y dispuso “dejar sin efecto los aumentos sobre el valor de la cuota mensual que abona previstos para los meses de enero y febrero del corriente año”.

En ese lapso, el valor de la cuota no quedará congelado sino que se ajustará por los porcentajes “Que resulten de aplicarle el Índice de salarios registrados” que publica en INDEC, durante el tiempo que insuma la tramitación del presente amparo, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El fallo aclara que “si la actora ha abonado las correspondientes facturas a los meses de enero, febrero y marzo de este año con los ajuste que aquí impugna, ninguna devolución se ha de ordenar en este estadio procesal”.

“Ante la situación económica que alega la actora frente a su derecho a la salud, entiendo que la readecuación solicitada, de acuerdo con las circunstancias ponderadas, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende – que compromete la salud e integridad de las personas” subrayó el juez Bava.

La cautelar fue dictada “sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia. La medida no ocasiona un grave perjuicio a la demandada pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la afiliada” representada por el Observatorio de Derecho de la Ciudad, que encabeza el abogado Jonatan Baldiviezo.

“En la disyuntiva de decidir la readecuación de la cuota, frente a la oposición de la demandada, debe estarse al mantenimiento del valor de la cuota al mes de diciembre de 2023 debiendo aplicar sobre los siguientes períodos los ajustes mensuales que resulten de aplicarle el Índice de salarios registrados que publica en INDEC” subrayó el fallo.

“El otorgamiento de la cautelar es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección se pretende, que compromete la salud e integridad física de las personas” concluyó el juez.