El diputado Miguel Ángel Pichetto advirtió que la decisión de ratificar el veto presidencial a la reforma jubilatoria en el Congreso iniciará un “proceso de judicialización muy intenso” contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei. La reforma previsional había sido aprobada previamente por el Congreso, pero fue revertida por Milei a través de un DNU.
El DNU 274/24, firmado en marzo, modificó la fórmula de actualización jubilatoria, atando los haberes a la inflación y derogando la Ley 27.609, vigente desde 2021. Según Pichetto, el decreto no cumple con los requisitos exigidos por la Corte Suprema, que ha establecido que el sistema previsional debe contar con una fórmula polinómica que contemple variables como el deterioro del salario y el costo de vida.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, junto al defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, ya están trabajando en una de las presentaciones judiciales que se formalizará en breve. Los reclamos se basarán en el “empalme” entre la fórmula anterior y la nueva, así como en la actualización de los haberes jubilatorios.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la jubilación mínima sería 7,4% inferior con la fórmula de Milei en comparación con la anterior. En septiembre, la jubilación mínima alcanzaría $234.540, mientras que con la fórmula derogada sería de $253.225. Estos datos podrían sustentar los reclamos judiciales que se avecinan.
Pichetto subrayó que la Corte Suprema de Justicia tiene precedentes claros en materia previsional, como los casos Badaro I, Badaro II y Sánchez, que refuerzan la necesidad de una fórmula polinómica. “El mundo judicial se va a poner en marcha”, advirtió, señalando que los juicios previsionales pueden generar un problema y un gasto adicional para el Estado.
Además, según el CEPA, las jubilaciones no han logrado ganarle a la inflación. En el trimestre de septiembre a noviembre de 2024, las jubilaciones sin bono estarán 4,6% por debajo del mismo período en 2023, mientras que las jubilaciones con bono caerán 13,6%.
Finalmente, Pichetto concluyó que la ratificación del veto presidencial, sin haber buscado alternativas más inteligentes, abrirá las puertas a miles de juicios que el Estado podría haber evitado.
