El juez de garantías Juan Pablo Encina rechazó dos acuerdos de condena en la causa que investiga una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado a través de planes sociales. La decisión fue tomada tras un cuarto intermedio de 48 horas y afecta a A.A.M.L y R.A.L, quienes habían reconocido su participación en los hechos.
El magistrado consideró que los acuerdos propuestos por el fiscal Juan Narváez y la asistente letrada Agustina Jara, que contemplaban penas de 3 años de prisión en suspenso, trabajo comunitario y reglas de conducta, no cumplían con el principio de legalidad debido a la falta de fundamentación de las partes. Además, destacó que los imputados tuvieron participación en «muchos hechos», lo que justificaba una revisión más estricta de las penas.
Según la fiscalía, R.A.L fue imputado por su participación en 264 hechos, con un perjuicio al Estado estimado en 12 millones de pesos, mientras que A.A.M.L enfrentaba cargos por 103 hechos, con una defraudación de 4,9 millones de pesos. En la audiencia, la Fiscalía de Estado informó que este último depositó recientemente la suma reclamada, mientras que el gobierno provincial inició acciones civiles contra el resto de los acusados.
A finales de 2024, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos comenzó a avanzar en acuerdos abreviados con imputados de menor responsabilidad en la organización, con el objetivo de obtener condenas sin juicio y centrar la investigación en los niveles superiores. Bajo esta modalidad, ya fueron condenados Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes admitieron haber integrado la asociación ilícita y realizar tareas como extraer dinero de cajeros automáticos y cobrar cheques para luego entregar el dinero a los principales responsables de la maniobra.
En paralelo, desde ayer y hasta mañana se desarrolla la audiencia de control de acusación para las 17 personas que la fiscalía decidió llevar a juicio. En estos casos, la acusación solicitará penas de prisión efectiva, con un mínimo de 3 años de detención. La jueza Carina Álvarez deberá decidir si habilita el pase a la etapa de juicio, con la intervención de un tribunal de tres jueces.
La investigación y la estafa
De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), un grupo conformado por ex funcionarios, empleados del Poder Ejecutivo y particulares habría integrado una asociación ilícita dedicada a cometer fraudes mediante la administración y cobro de planes sociales.
El delito imputado a los acusados es el de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, con un total de 9.303 hechos en concurso real.
Entre los involucrados, cinco ex funcionarios de alto rango enfrentan cargos por los mismos delitos, pero con la calificación de «jefes» de la organización, lo que podría derivar en penas más severas.
