La situación de los trabajadores de Población Judicializada en la provincia de Neuquén se ha vuelto insostenible tras un violento ataque sufrido por uno de sus compañeros, un chofer, en Cutral Co el pasado viernes tras recibir ocho disparos contra el auto que conducía. Ante esta agresión, el sector ha decidido iniciar una retención de tareas, sumada a la implementación de una asamblea permanente, exigiendo medidas urgentes de seguridad y una respuesta inmediata del Ministro de Seguridad, Matias Nicolini, quien aún no se ha pronunciado sobre los hechos.
La balacera fue un hecho que tomó estado policial, alrededor de la 13, y causó gran preocupación entre los trabajadores. En consecuencia, los miembros del sector decidieron convocarse el lunes en asamblea para definir qué acciones tomar frente a la falta de respuesta por parte de las autoridades. La medida adoptada fue una retención de tareas que afecta tanto a la sede central como a las delegaciones de la provincia.
Uno de los referentes del sector, Julio Salazar, explicó a Noticias 7 que la retención de tareas no se limitó a la interrupción del trabajo, sino que también se adoptó la modalidad de «asamblea permanente» en todos los puntos de trabajo. «No estamos trabajando, pero tampoco estamos en huelga total; estamos en una asamblea permanente, esperando una respuesta», indicó. La medida afecta también a delegaciones de Cutral Có, Aluminé, Zapala y San Martín de los Andes.
A pesar de las reiteradas solicitudes de respuesta por parte de los trabajadores, hasta el momento no han recibido ninguna comunicación oficial del gobierno provincial. «No hemos tenido ningún tipo de novedad, ni llamadas, ni mensajes de parte de los asesores del Ministro de Seguridad», comentó Julio, visibilizando la falta de acción por parte de las autoridades.
En el marco de la crisis, la directora provincial de Población Judicializada, Natalia Vallejos, convocó una reunión con los trabajadores para informarles sobre los hechos ocurridos el viernes y compartir la denuncia policial realizada por el chofer del vehículo atacado. Sin embargo, este encuentro no logró calmar los ánimos, ya que los trabajadores exigen medidas concretas para mejorar su seguridad y garantizar su integridad.
Los trabajadores han exigido varias medidas de seguridad, entre ellas la instalación de cámaras de vigilancia en las dependencias de Población Judicializada y un protocolo más estricto para enfrentar situaciones de riesgo. También se ha solicitado una reunión con el Ministro de Seguridad, Matias Nicolini, para abordar estos temas, pero hasta el momento no se ha concretado ninguna de estas demandas.
Además de las amenazas y la violencia, los trabajadores denuncian una creciente precarización de las condiciones laborales. «No tenemos suficientes profesionales para el recambio, ni vehículos para trasladarnos entre las delegaciones, lo que agrava aún más la situación», afirmó Salazar en diálogo con Noticias 7. También señalaron la falta de recursos para llevar a cabo las tareas propias del área, como evaluaciones psicológicas y visitas domiciliarias a personas en libertad condicional.
A pesar de las dificultades, los trabajadores de Población Judicializada sostienen que su labor es fundamental. «Nosotros trabajamos con personas privadas de libertad, y lo que hacemos no es fácil ni visible. Hacemos informes técnicos, visitas domiciliarias y evaluaciones para determinar la situación de los internos y su aptitud para la libertad condicional», explicó Julio. Los empleados también resaltan la importancia de su trabajo en la reinserción de personas en conflicto con la ley, un proceso que requiere gran compromiso y recursos.
Aunque este ataque es el más grave registrado hasta ahora, los trabajadores afirman que ya han sufrido otras situaciones de amenaza, como llamadas telefónicas de intimidación y encuentros con internos que portaban armas blancas. Sin embargo, la filtración de informes internos sobre ciertos internos parece ser uno de los mayores riesgos que enfrentan, ya que puede generar represalias de familiares o allegados de los involucrados.
La Población Judicializada en Neuquén comprende a las personas privadas de libertad que, por decisión judicial, son evaluadas y supervisadas mientras cumplen medidas fuera de la cárcel, como libertad condicional, domiciliaria o salidas transitorias. Esta labor, que involucra la intervención de psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales, es clave para la reinserción de los individuos, pero también expone a los trabajadores a constantes riesgos de violencia.
Futuro incierto
La situación se mantiene tensa, y los trabajadores no ven en el horizonte una solución inmediata. «Lo único que podemos hacer es esperar una respuesta del Ministro Nicolini, pero la falta de acciones concretas nos pone en una situación muy vulnerable», concluyó Julio. Mientras tanto, la medida de fuerza continuará hasta que las autoridades provinciales brinden garantías de seguridad para los trabajadores y condiciones laborales dignas.
