Los trabajadores de Población Judicializada de Neuquén hace 18 días que mantienen una retención de tareas y una asamblea permanente. La medida de fuerza se desató tras el ataque armado a un chofer del área en Cutral Co, quien fue baleado con ocho disparos mientras estaba en su vehículo y salvó su vida de milagro.
El hecho ha generado alarma y preocupación entre los empleados, quienes demandan medidas urgentes de seguridad al Ministerio de Seguridad provincial. Según Julio Salazar, referente del sector, las negociaciones avanzan lentamente y los trabajadores no retomarán sus actividades normales hasta recibir garantías concretas.
“La última mesa de trabajo fue el jueves pasado, donde acordamos avanzar en un protocolo de seguridad intensiva, tanto en los edificios como en el terreno. Pero hasta que este documento no tenga rango de Resolución Ministerial y alcance provincial, seguiremos con las medidas de fuerza”, aseguró Salazar en diálogo con Noticias 7.
Los empleados afirman que este ataque es el más grave que han enfrentado, pero no el único. Amenazas telefónicas, encuentros con internos armados y la filtración de informes internos han puesto en riesgo a muchos trabajadores en el pasado.
La labor de Población Judicializada incluye el seguimiento y evaluación de personas que cumplen medidas alternativas a la prisión, como la libertad condicional o las salidas transitorias. Este trabajo, que involucra a psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales, es crucial para la reinserción social de los individuos, pero conlleva un alto nivel de exposición a situaciones de violencia.
Salazar también denunció la falta de recursos: “No contamos con vehículos suficientes ni profesionales de recambio para cubrir las delegaciones, lo que agrava nuestra situación. Esto repercute directamente en la calidad del trabajo y pone en peligro a todos los empleados”.
A pesar de estas dificultades, los trabajadores defienden la importancia de su rol. “Nuestro trabajo es fundamental, aunque no siempre visible. Nos encargamos de elaborar informes técnicos, hacer visitas domiciliarias y evaluar a las personas en libertad condicional. Esto no solo beneficia a los internos, sino también a la sociedad”, explicó el referente.
Por el momento, las medidas de fuerza continuarán en delegaciones como Cutral Co, Aluminé, Zapala y San Martín de los Andes, hasta que el Ministerio de Seguridad cumpla con los compromisos asumidos. La situación pone en evidencia la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales y de seguridad en el área, cuyo trabajo, aunque esencial, ha sido históricamente desatendido.
