El conflicto se profundizó debido a la demora en la definición de las paritarias. Mientras otros sectores provinciales ya lograron acuerdos salariales para el próximo año, los judiciales aún no obtuvieron respuestas concretas. Esto generó una creciente preocupación entre los trabajadores, quienes buscan que los aumentos beneficien especialmente a las categorías más bajas, en lugar de priorizar a jueces y altos funcionarios.

El gremio también denunció hostigamiento y persecución sindical hacia algunos de sus miembros, lo que agrava aún más la situación. Estas prácticas, según los trabajadores, buscan debilitar el reclamo por una distribución más equitativa de la masa salarial y condiciones laborales justas.

Las expectativas están puestas en el cambio de conducción del TSJ, previsto para febrero de 2025. Gustavo Mazieres asumirá como presidente del máximo tribunal, reemplazando a la vocal Soledad Gennari. Los judiciales esperan que este relevo traiga una postura más abierta al diálogo y a soluciones concretas para el sector.

El sindicato remarcó que la lucha no solo es por un aumento general, sino por una distribución solidaria que beneficie a los salarios más bajos, actualmente rezagados frente a la suba desproporcionada que perciben los altos cargos.

Los trabajadores judiciales calificaron el panorama actual como «injusto y desigual», insistiendo en que no cederán hasta obtener un acuerdo que garantice la recomposición salarial reclamada. La asamblea provincial fue unánime en su decisión de llamar al paro, marcando un cierre de año combativo y con miras a retomar la lucha en 2025.

Desde el sindicato, sostienen que el paro de este 30 de diciembre es una advertencia ante la falta de voluntad política del TSJ para resolver el conflicto, y esperan que con la nueva presidencia se encamine un diálogo fructífero. Por ahora, la medida de fuerza busca visibilizar la urgencia de un acuerdo que todavía parece lejano.

El inicio del próximo año será clave para el futuro de las negociaciones. Los judiciales no descartan endurecer las medidas si no hay avances significativos en febrero, cuando el nuevo presidente del TSJ asuma sus funciones.