El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una explosión devastadora sacudió el centro de Buenos Aires, destruyendo la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y dejando un saldo trágico de 85 muertos y más de 300 heridos. Hoy, a treinta años de aquel atentado, las heridas siguen abiertas y la justicia sigue ausente.

El atentado a la AMIA, considerado el mayor acto terrorista en la historia argentina, marcó un antes y un después en la vida de miles de personas. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, las preguntas sobre quiénes fueron los responsables y por qué lo hicieron siguen sin respuesta. La investigación se ha visto plagada de irregularidades, encubrimientos y maniobras políticas que han impedido avanzar en la búsqueda de la verdad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó recientemente al Estado argentino por no haber investigado ni prevenido adecuadamente el atentado a la AMIA. «Ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos», sentenció el tribunal internacional. Este fallo resalta la ineficacia y la falta de voluntad política para resolver el caso.

Durante la investigación inicial, encabezada por el juez Juan José Galeano, se cometieron numerosas irregularidades. No se protegió adecuadamente la escena del crimen, las pruebas no fueron recolectadas ni custodiadas debidamente y se realizaron operaciones fuera del expediente judicial. Además, se sobornó al traficante de autos Carlos Telleldín, quien había vendido la furgoneta Renault Trafic utilizada en el atentado, para que incriminara falsamente a un grupo de policías. El primer juicio, que se centró en estos supuestos implicados, terminó con todos absueltos y reveló la trama de encubrimientos.

Tras el fracaso del primer juicio, en 2004 se creó una unidad especial para investigar el ataque, liderada por el fiscal Alberto Nisman. En 2006, Nisman acusó a la organización libanesa Hezbolá y a las máximas autoridades de Irán de ser responsables del atentado, alegando que fue una represalia por la suspensión de acuerdos para proveer tecnología nuclear. Sin embargo, las capturas y extradiciones nunca se concretaron y la investigación se estancó. En 2015, horas antes de presentar una denuncia ante el Congreso, Nisman fue encontrado muerto en su departamento, en circunstancias aún no esclarecidas.

Actualmente, la causa está a cargo del fiscal Sebastián Basso, quien sigue sosteniendo la hipótesis de la responsabilidad de Hezbolá e Irán. Recientemente, el Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto para habilitar los juicios en ausencia de acusados por delitos de lesa humanidad o terrorismo, buscando avanzar en la justicia para este caso.

Este jueves, en el 30 aniversario del atentado, familiares y amigos de las víctimas, junto a representantes de la comunidad judía, funcionarios y referentes de distintos sectores políticos y sociales, se manifestarán nuevamente para exigir justicia. El acto oficial contará con la presencia del presidente Javier Milei y los mandatarios de Uruguay y Paraguay, y los oradores principales serán el titular de la AMIA, Amos Linetzky, y familiares de las víctimas. «No tenemos ni siquiera el consuelo de la justicia, no hay ni siquiera una persona respondiendo por estos crímenes de lesa humanidad», lamentó Linetzky.

Distintas organizaciones de familiares de víctimas también se manifestarán. Memoria Activa lo hará frente al Palacio de Tribunales, y la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) convoca a un encuentro en el que exigirán la apertura irrestricta de los archivos de inteligencia y la conformación de una comisión investigadora independiente.

A tres décadas del atentado, la impunidad sigue siendo un monumento a la ineficacia y la falta de compromiso del Estado argentino para con las víctimas y sus familiares. La verdad y la justicia siguen siendo una deuda pendiente.