Un incendio destruyó por completo una vivienda en Isla Verde y reavivó el reclamo de 27 familias para la instalación de los servicios básicos como electricidad y gas. El siniestro sucedió el jueves por la noche, en la zona ubicada al fondo de la calle Ignacio Rivas, a orillas del río Limay. Aunque no se registraron víctimas fatales, una persona resultó intoxicada por inhalación de humo y las pérdidas materiales fueron totales.

El fuego comenzó en una estufa y se propagó rápidamente al alcanzar a un sillón que estaba al lado. La bomba de agua, alimentada por la red eléctrica de la misma casa, dejó de funcionar al cortarse los cables, lo que impidió combatir el fuego don rapidez.
Los vecinos señalaron que el incendio se podría haber evitado si la zona contara con conexiones seguras. Relataron que el municipio había asumido compromisos con las familias que habitan la isla desde hace décadas, a cambio de la cesión de terrenos para la construcción de obras públicas, pero aún no cumplió con la instalación de energía eléctrica domiciliaria.

Según los testimonios, el transformador fue instalado en el ingreso a la isla, pero cada familia debía afrontar el costo de los cables y postes para extender la red hasta su vivienda. Las familias afirmaron que su situación económica no les permite afrontar ese gasto, y reclamaron que se concrete el tendido como parte de los compromisos asumidos por el municipio y la cooperativa CALF.

Los habitantes de Isla Verde viven en el lugar desde hace más de 40 años, muchos de ellos tienen tenencia legal otorgada por la provincia y luego ratificada por el municipio. A pesar de eso, los servicios siguen sin llegar. Entre las familias hay personas mayores, con discapacidades y enfermedades crónicas, que reclaman la llegada de los servicios.

El argumento de las autoridades para negar el suministro fue que se trataba de una “zona inundable”. Sin embargo, los vecinos aseguraron que la última gran inundación ocurrió en 2002, y que desde entonces no hubo nuevos episodios graves. Presentaron un informe firmado por Elías Sapag, de la AIC, que contradijo la versión oficial y avaló la viabilidad de la urbanización tras las obras del Paseo Costero.

El enojo creció entre los habitantes luego de que CALF les confirmara que no les entregará cables ni postes. Plantearon que el único impedimento sería la falta de una firma del municipio que habilitara legalmente el ingreso de la red a las calles internas del sector.
Ante la falta de respuestas, las familias anticiparon nuevas medidas de protesta. En el pasado, realizaron cortes de ruta para visibilizar su situación e indicaron que volverán a hacerlo si el municipio no cumple con lo pactado.