Más de 800 familias del barrio 127 Hectáreas en la meseta neuquina denuncian haber sido víctimas de una estafa inmobiliaria, luego de haber pagado por terrenos y viviendas que nunca fueron entregados en condiciones habitables. Ante la falta de respuestas de las autoridades y la cooperativa responsable, los damnificados se organizaron y llevaron el caso a la justicia.
Mariel Salazar, una de las afectadas, explicó que en 2021 accedió a la propuesta de compra de un lote en la meseta, supuestamente cercano al Hospital Norpatagónico. Algunas personas pudieron pagar en cuotas, pero otras, como ella, abonaron el total de contado. Sin embargo, el contrato establecía que en dos años se entregaría el terreno, algo que nunca ocurrió.
Lotes en zonas intransitables
Ante los reiterados reclamos, la cooperativa llevó a los compradores a los terrenos en diciembre de 2023, pero el lugar no es apto para habitar, ya que no cuenta con acceso a agua, luz ni señal telefónica. «Nos prometieron que en marzo o julio podríamos instalarnos, pero no hay forma de vivir ahí», afirmó Salazar.
Además, quienes intentaron obtener respuestas por parte de la cooperativa no recibieron explicaciones claras. En su caso, envió cartas documento tanto a la cooperativa como al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), pero nadie respondió.
Denuncia judicial y pedido de intervención del gobierno
En diciembre, los damnificados presentaron una denuncia formal ante la justicia y enviaron cartas al gobernador Rolando Figueroa, ya que el presidente de la cooperativa, Carlos Salas, forma parte de su gobierno. Sin embargo, Salas responsabiliza al IMUH y este organismo niega cualquier vínculo con el conflicto.
La única alternativa que les ofrecieron fue la posibilidad de cambiar sus terrenos por otros en zonas habilitadas por la municipalidad, pero con un costo extra de hasta 30 millones de pesos. «Nos quieren hacer pagar nuevamente por algo que ya abonamos», denunció Salazar.
Convocatoria a una reunión para afectados
Ante esta situación, los damnificados se organizaron en un grupo para impulsar el reclamo y convocaron a una reunión para sumar más afectados y ampliar la denuncia. Dicha reunión será el jueves 1 de febrero, en Basavilbaso 335 a las 20hs.
«Queremos que el gobierno y la justicia investiguen. Hay personas que pagaron casas prefabricadas y ni siquiera pueden instalarlas en sus terrenos. No podemos seguir esperando», concluyó Salazar.
