Una fuerte polémica se desató en Villa La Angostura luego de que vecinos denunciaran una maniobra del Concejo Deliberante para aprobar el nombramiento de 12 nuevos cargos políticos sin que aún se haya votado el presupuesto municipal. La decisión generó un pedido formal de veto al intendente, mientras se debate un aumento del 60% en las tasas municipales.

En diálogo con Radio 7, Silvana Gordillo, una de las vecinas que impulsa el reclamo, advirtió que la ordenanza fue votada “a espaldas de la ciudadanía”, en una sesión realizada en horario laboral, con escasa presencia de vecinos y sin difusión oficial. Según relató, el hecho fue conocido gracias a la cobertura de un medio local, que permitió iniciar un reclamo público.

El Concejo Deliberante, compuesto por siete miembros de distintos partidos, aprobó el nombramiento de un asesor y un secretario por cada bloque, lo que representa un gasto mensual estimado en 52 millones de pesos. Estos nuevos cargos se atan al sueldo del concejal, que a su vez depende del salario del intendente, lo que incrementa automáticamente el costo del personal político.

“Es un escándalo en este contexto económico”, sostuvo Gordillo, y señaló que el aumento en la planta política contrasta con las exigencias de austeridad que enfrenta el resto de la sociedad. Además de los sueldos, los nuevos cargos implican costos laborales adicionales como aportes jubilatorios, aguinaldos y obra social.

Lo más grave, según los denunciantes, es que la ordenanza fue sancionada sin contar con un presupuesto aprobado para 2025, lo que consideran “una contradicción legal y contable”. Actualmente, el municipio se rige por el presupuesto del año anterior, mientras el nuevo aún se encuentra en discusión.

El Ejecutivo municipal había propuesto inicialmente una suba de más del 100% en las tasas, pero el Concejo no lo autorizó. Aun así, los bloques votaron un aumento parcial del 60%, que afectará directamente los bolsillos de los contribuyentes a través de subas en multas, habilitaciones y permisos.

La situación se vuelve más crítica ante la falta de servicios básicos en la localidad, como agua, luz y recolección de residuos, lo que ha generado el malestar de los vecinos. “Hay calles destruidas, cortes constantes de energía y una gestión pública cada vez más ineficiente”, expresó Gordillo.

El pedido de veto fue presentado este lunes por mesa de entradas al intendente, quien tiene la posibilidad de frenar la promulgación de la ordenanza. Según trascendió, el Ejecutivo estaría evaluando la medida, aunque aún no se ha expresado oficialmente sobre la cuestión.