En un giro inesperado, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió prorrogar el congelamiento de las dietas de los senadores nacionales hasta el 31 de marzo de 2025. La medida, que había vencido el pasado 31 de diciembre, fue anunciada mediante un decreto, en el que Villarruel expresó: «Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo».

Presiones políticas y resolución final

La decisión se dio tras recibir el visto bueno del bloque de La Libertad Avanza, junto a otros sectores dialoguistas como el PRO, la UCR, el Frente Renovador de la Concordia y Las Provincias Unidas. Este respaldo permitió extender la vigencia del decreto 27/24, que había congelado los salarios de los legisladores desde agosto de 2024.

Hasta ahora, las dietas de los senadores estaban establecidas en 2.500 módulos para el sueldo base, 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo, lo que había dejado sus ingresos en 7 millones de pesos brutos tras un polémico aumento aprobado en abril de 2024. De no haberse prorrogado el congelamiento, las dietas habrían aumentado automáticamente a 9.5 millones de pesos brutos.

La postura de Villarruel y el impacto político

Villarruel enfrentó fuertes críticas desde la Casa Rosada, incluyendo al presidente Javier Milei, quien utilizó como ejemplo al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para demostrar que era posible contener los salarios legislativos. «Villarruel dice que no puede hacer nada, pero Menem sí lo hace», señaló Milei en una entrevista reciente.

A pesar de las tensiones, Villarruel reiteró que la decisión sobre las dietas debía tomarse mediante una votación en el Senado y no mediante una acción unilateral. Sin embargo, las presiones políticas y mediáticas finalmente influyeron en su resolución.

Reacciones y futuro del debate

El congelamiento, ahora extendido hasta marzo, evita que los senadores perciban ingresos significativamente superiores a los de los diputados nacionales, algo que generaba malestar tanto dentro como fuera del Congreso. La medida también refleja el esfuerzo por alinearse con el mensaje de austeridad promovido por el gobierno en un contexto de crisis económica.

Los próximos meses serán claves para determinar si la medida se mantiene más allá de marzo o si se retoma el debate sobre los ingresos de los legisladores, en un escenario político cada vez más polarizado.