Ramiro Fabián Fernández fue declarado culpable por cometer múltiples estafas en la venta de terrenos en Villa La Angostura, tras aceptar su responsabilidad en los hechos durante una audiencia judicial. La maniobra ilícita, que se desarrolló a través de una sucursal de una inmobiliaria con sede en Buenos Aires, ascendió a un valor aproximado de 1 millón de dólares.
El acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la defensa y los abogados querellantes incluye la declaración de responsabilidad de Fernández por 36 hechos de estafa y 3 de desbaratamiento de derechos acordados, todos en calidad de autor y bajo concurso real. El juez de garantías, Ignacio Pombo, homologó el acuerdo y dictó la condena, aunque aún resta definir cuál será la pena que deberá cumplir el acusado.
Fernández reconoció ante el magistrado haber cometido los delitos, que involucraron la venta fraudulenta de terrenos en el mencionado destino turístico. Las maniobras delictivas ocurrieron entre agosto de 2017 y diciembre de 2023, y consistieron principalmente en vender una misma propiedad a múltiples compradores y comercializar terrenos que no existían o sobre los cuales no tenía ningún derecho de propiedad.
El fiscal del caso, Adrián De Lillo, junto con el asistente letrado Federico Gayós, detallaron que las estafas fueron llevadas a cabo bajo tres modalidades distintas, lo que permitió al acusado burlar a numerosos compradores. La estrategia incluyó la falsificación de nomenclaturas catastrales, la venta de unidades inexistentes y la oferta de terrenos ajenos.
El juez Pombo también prorrogó la prohibición de salida del país para Fernández hasta el 19 de junio de este año, además de mantener la obligación de que se presente semanalmente en una comisaría. La medida cautelar busca garantizar que el acusado cumpla con las futuras instancias del proceso judicial sin riesgos de fuga.
El expediente judicial detalla que los delitos por los cuales fue condenado Fernández originalmente eran 49 hechos, de los cuales 47 correspondían a estafas inmobiliarias y 2 a financieras. Sin embargo, tras la reformulación de cargos el pasado 3 de febrero, se estableció la responsabilidad sobre 39 hechos concretos, los que finalmente aceptó haber cometido.
El caso fue declarado complejo debido a la magnitud del fraude, el volumen de víctimas y la necesidad de analizar un vasto número de pruebas, como boletos de compraventa, escrituras y otros documentos notariales. La investigación se extendió por más de un año y medio y sufrió al menos tres prórrogas a pedido del Ministerio Público Fiscal.
Los damnificados, en su mayoría inversores y familias que buscaban radicarse en Villa La Angostura, fueron víctimas de una operatoria que dejó un perjuicio económico cercano a los 1,2 millones de dólares, según estimaciones oficiales. La condena de Fernández marca un precedente en la región frente a este tipo de maniobras fraudulentas vinculadas al mercado inmobiliario.
